La tutela está silenciando a los periodistas

La figura jurídica creada para defender los derechos fundamentales de las personas es la causante de la censura judicial. Una nueva forma de hacer callar al periodismo cuando no es conveniente que se informe.

“En Colombia el delito más grave es pensar y actuar diferente”, de esta forma concluyó la exposición, “La censura judicial”, el abogado Andrés Monroy Gómez, uno de los representantes nacionales ante el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Lo que Monroy pretendía con esas palabras, era mostrar como en el país los periodistas se han visto obligados a seguir una línea de pensamiento, establecida por el gobierno, para poder mantenerse en circulación.

Lo grave de la situación es que las autoridades judiciales están permitiendo que la censura ocurra, desconociendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el tema, y favoreciendo los intereses de personas u organizaciones. Lo anterior se evidencia en los casos de “El Heraldo” y seis medios de San Andrés, en donde se obligó a los medios a dejar de emitir una serie de informes como medida preventiva durante procesos de tutela por supuesta calumnia e injuria, dos delitos castigados con multas y, en unos casos, cárcel. La medida preventiva se aplica inmediatamente después de instaurada la acción de tutela, ya que busca proteger los derechos violados.

En el caso de los seis medios de San Andrés, el juez 41 determinó que ellos no podían informar sobre la pérdida de 2500 millones de pesos en manos de un funcionario municipal, ya que esos datos violaban el derecho al buen nombre de esa persona. “La medida solo aplicaba para los medios locales”, cuenta el abogado Monroy, al referirse a la ingenuidad del demandante por no darse cuenta que la noticia se regaría por todo el territorio nacional, ya fuera por Internet o por los medios de cobertura nacional.

Por otra parte, lo ocurrido con “El Heraldo”, uno de los periódicos más reconocidos de la Costa Atlántica, evidencia la necesidad de instaurar el debate de la despenalización de la calumnia, la injuria y desacato, los cuales están estipulados en el artículo 220 del código penal. “Una buena cantidad de los países iberoamericanos ya han cambiado su legislación con respecto a este tema”, aseguró Monroy, quien actualmente forma parte de una comisión que estudia la elaboración de un proyecto de ley que replantee  las penas a los delitos mencionados anteriormente.

El Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos espera que en los próximos años los Estados miembros se comprometan a realizar las reformas necesarias para reducir la censura en todas sus formas.

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